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EL REY Y LOS BARONES: DE LA MONARQUÍA ISIDORIANA A LA FEUDAL n1

n1

Este texto sintetiza resultados de dos trabajos anteriores a los que podrá acudir el lector interesado en profundizar en estas cuestiones: La Navarre du au XII' siécle. Peuplement el société, París-Bruselas, 1998 y «La infanzonía en una perspectiva comparada: infanzones y arimanni del ordenamiento público al feudal», en P. Bonnassie (ed.), Fiefs el féodalité dans ?Europe méridionale (Italie, France di, Midi, Péninsule Ibérique) du X' au XIII' siécle, Toulouse, 2002, p. 363-396. Consecuentemente, las notas se reducen al máximo en el presente artículo. En cualquier caso, conviene recordar algunos títulos fundamentales de referencia para la problemática que aquí se trata: J.154 LACARRA, Historia política del reino de Navarra desde sus orígenes hasta su incorporación a Castilla, Pamplona, 1972; ID., «"Honores" et "tenencias" en Aragon (XI' siécle)», Annales du Midi, t. 80, 1968, p. 485-528; ID., El juramento de los reyes de Navarra (1234-1329), Madrid, 1972; C. LALIENA, La fonnación del Estado feudal. Aragón y Navarra en la época de Pedro I, Huesca, 1996; ID. y Ph. SÉNAC, Musulmans el Chrétiens dans le haut Moyen Áge : ata origines de la Reconquéte aragonaise, París, 1991; J.A. SESMA, «Instituciones feudales en Navarra y Aragón», en En torno al feudalismo hispánico. I Congreso de Estudios Medievales, Ávila, 1989, p. 341-371; A.J. MARTÍN DUQUE, «Singularidades de la realeza medieval navarra», en Poderes públicos en la Europa medieval: Principados, reinos y coronas. 23 Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, 1997, p. 299-316.


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En 928, el escriba que compuso una noticia referida a una disputa entre aldeas, creyó conveniente introducir una alusión a la ascensión al trono de Sancho Garcés I, ya que tal acontecimiento se había producido entre los primeros hechos que recoge el documento y la resolución del conflicto. Sin pretensiones literarias, escribió:

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..erexit Deus regem Sancio Garcianes donnum et gubematorem de patria et defensorem populi, et regnavit...2

Dos siglos después, un vívido relato conservado en el Archivo de la Corona de Aragón narra los acontecimientos que llevaron a García Ramírez, el Restaurador, al trono de Pamplona. El verbo elegido es el mismo:

... post obitum Adefonsi magni regis aragonensis surrexerunt navarri et inierunt consilium [siguen los nombres de varios barones y del obispo] isti c;um multis aliis et erexerunt regem in Pampilona civem Garsia Rerniriz...3

De erexit Deus a erexerunt navarri: en buena medida, esto condensa la evolución que va a seguir la monarquía de Pamplona en el tiempo que aquí nos interesa. En ella, los reinados de García de Nájera y de su hijo hacen figura de charnela entre el viejo y el nuevo orden.

La monarquía isidoriana

A diferenceia de la monarquía leonesa, la estabilidad y la solidez son rasgos mayores de la corona pamplonesa en el siglo X y en las primeras décadas del XI.

Tras la revuelta de palacio que dio lugar a su instauración en 905, la dinastía jimena nunca fue puesta en cuestión.

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La única crisis que hubiera podido afectar a una sucesión, la de Sancho Garcés I (905-925), se resolvió por el reconocimiento de los derechos al trono de un menor, siendo de esta manera el primer reino hispánico en institucionalizar tal principio.

Rodeado por un primer círculo estrecho formado por su familia y por sus fieles, el cual está a su vez embebido en la corte, la scola regis, el rey de Pamplona detenta un poder indiscutido con sólidos sustentos materiales, políticos e ideológicos.

Dispone libremente de una masa considerable de bienes y dominios de naturaleza pública, ejerce derechos sobre montes, pastos y aguas, controla peajes y mercados, dispone de un patrimonio mueble e inmuebles sin igual en el reino, cobra una forma rudimentaria de impuesto directo sobre la producción campesina...

Es con enorme diferencia el hombre más rico del reino.

Controla las fortalezas, que sus barones guardan según un sistema rotatorio; nombra y desplaza a voluntad los gobernantes de los distritos; otorga y retira sin trabas las concesiones beneficiarias con que retribuye los servicios de sus barones.

Es la más alta autoridad judicial, ante quien resuelven sus disputas comunidades campesinas y aristócratas; es jefe de guerra, tal y como ponen en evidencia fuentes internas y textos musulmanes.

Hombres de confianza del rey ocupan el obispado de Pamplona, forman parte de su corte y asumen tareas de gobierno y justicia, así como de representación en el exterior.

Desde un punto de vista simbólico e ideológico, la Iglesia proporciona a la monarquía un discurso, una función de defensa de la fe y un lugar privilegiado en el espacio sagrado: como, mutatis mutandis, San Miguel de Lillo o la capillla de Aquisgrán, San Salvador de Leire y San Miguel de Aralar son templos con tribuna a los pies destinados a situar al monarca en un escalón intermedio entre los simples fieles y la divinidad.

La sede pamplonesa primero, las abadías riojanas después, ponen su saber de raigambre hispano-visigótica al servicio de la corona y proporcionan a esta un discurso ideológico e histórico, así como un aparato iconográfico y simbólico.

El rey de Pamplona es señor y gobernador de la patria, elegido por Dios, portector de los débiles, modesto y temperado como quería Isidoro, respetuoso de la ley, defensor de la fe frente al exterior y protector de la Iglesia en el interior, depositario de la legitimidad de la monarquía de Toledo...

La relación de fuerzas con el círculo de barones del reino es desproporcionadamente favorable al rey.

Un grupo de familias, emparentadas de un modo u otro con el linaje real, están llamadas al ejercicio de las potestas.

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Sus bases patrimoniales son sin embargo débiles, tanto en relación al rey de Pamplona como comparándolas con otros grupos aristocráticos contemporáneos --y por ende sus clientelas reducidas; los cargos de gobierno son siempre temporales y removibles a voluntad del rey; no hay barones dueños de derecho o de hecho de fortalezas; su capacidad para tejer redes de rentas en las zonas de colonización es mínima...

Si nos situamos en la atalaya del año Mil, la distancia que separa el poder real del de los barones parece insalvable.

De los primeros síntomas a la crisis y el magnicidio (1035-1076)

No hay duda de que el tiempo de Sancho el Mayor (990-1035) responde a los rasgos tradicionales de la monarquía.

Tras él, el reinado de García de Nájera aparece como un período brillante sacudido por un final trágico.

A los dos años de ceñir la corona, García ya había ensanchado sus dominios incorporando medio condado de Castilla, como compensación por la ayuda militar que le había valido a su hermano Fernando el trono de León.

En 1045 los pamploneses conquistaron la ciudad musulmana de Calahorra, lo que facilitó la imposición de las primeras parias a la taifa de Zaragoza.


Tras el oscuro episodio de la agresión de Ramiro I derrotada en Tafalla, las relaciones con Aragón fueron excelentes.

El reino fue pues ensanchado y enriquecido, la supremacía sobre los musulmanes garantizada y la paz con los reinos cristianos vecinos preservada.

En 1054, el desastre navarro de Atapuerca probablemente tuvo que ver con el gran tablero de juego que fueron los reinos de taifas, por dos de los cuales al menos, Toledo y Zaragoza, rivalizaban navarros y castellanos n4.

En cualquier caso, las consecuencias inmediatas fueron la muerte de García de Nájera y la proclamación de su hijo Sancho, un menor, en el mismo campo de batalla.

Sin embargo, bajo este poder de García de Nájera todavía sólido y conformado «a la antigua», se detectan movimientos subterráneos que anuncian nuevos tiempos en el reparto del poder entre el rey y sus barones.

Y esto desde el principio mismo del reinado.

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En efecto, como se sabe, en 1035 nace el reino de Aragón.

Formalmente se trata de la adjudicación a Ramiro, el primogénito ilegítimo, del condado de Aragón dilatado con la anexión de algunos territorios limítrofes, algunos de los cuales lindan con el reino de Zaragoza.

Fuera o no concebido, por algunos, como un territorio subordinado cuyo titular habría de usar el título real según la tradición altomedieval de la monarquía navarra, el hecho es que desde el principio Ramiro I y sus barones actúan de modo enteramente independiente de García de Nájera.

Ciertamente, desde el siglo IX Aragón venía constituyendo un territorio con una personalidad claramente diferenciada desde el punto de vista geográfico, lingüístico, humano y eclesiástico, así como dotado de un marco político propio y estable.

A pesar de lo cual ningún síntoma de voluntad secesionista es perceptible antes de 1035.

Una de las claves de la separación está sin duda en la composición de la élite del nuevo reino: como han señalado J.A. Sesma o C. Laliena y Ph. Sénac, Ramiro I está rodeado desde los primeros momentos de su reinado por los barones que gobernaban los distritos aragoneses más importantes en la época de Sancho el Mayor n5.

La división del reino traduce así la influencia política creciente del grupo dirigente del territorio, que recibe en cierta forma un soberano cuya suerte está indisolublemente ligada a la suya.

Es elocuente en este sentido que sean los barones los que dan antes que nadie el título de rey a Ramiro I, siendo así que éste no lo utiliza nunca en los diplomas redactados en primera persona.

Si esto ya es significativo, no lo es menos la fórmula utilizada para asegurar la paz entre el nuevo reino y el viejo.

Parece que Sancho el Mayor es consciente de que su voluntad soberana no basta para garantizar esta paz, de modo que prepara una convención entre Ramiro y García, compuesta de dos piezas n6.

La primera establece una serie de «prendas» recíprocas, de tal suerte que cada hermano tenga ciertos distritos en el interior del territorio del otro.

Las fortalezas se reparten simétricamente, disponiendo cada uno de ellos, al otro lado de la frontera, de un castillo importante y de otra posición seguramente fortificada: Ruesta y Petilla para García, Aibar y Gallipienzo para Ramiro.

Allí donde el riesgo de conflicto es mayor, cada castillo es una posición avanzada a la par que un rehén rodeado de fortalezas potencialmente enemigas. La segunda pieza es una seguridad jurada n7 que García recibe de Ramiro.

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Éste se compromete a no reclamar más tierras que las delimitadas por su padre, a no tomar la tierra de García ni en paz ni en guerra, ni con moros ni con cristianos, y a ayudar a su hermano contra quien atacare los términos de esta convención.

El primer acto del reinado de García de Nájera muestra en un extremo de los dominios de su padre el arraigo territorial de los barones y un inicio de desviación de la autoridad real hacia formas de poder en cierto modo, y por utilizar un término inequívoco, colegiado.

Y en el instrumento destinado a garantizar la paz, se aprecian, aún balbucientes, compromisos que anuncian rasgos de la feudalidad.

Que bajo el gobierno de García estas tendencias se fueron afirmando y extendiendo, es cosa que ponen de manifiesto las consecuencias inmediatas de la derrota de Atapuerca.

Entre 1054 y 1058 vuelven a la soberanía de Fernando I la mayoría de las tierras castellanas ganadas por García en 1037.

No lo hacen sin embargo como fruto de una campaña de conquista, sino más bien porque la mayor parte de los tenentes de los distritos importantes, que tienen a menudo intereses en ambos reinos, optan por alinearse con Fernando.

Significa esto que las fronteras del reino de Pamplona se estabilizan allí donde la fidelidad de los barones se mantiene firme.

La dependencia de la corona para con este grupo aristocrático se revela de pronto con una crudeza inaudita.

El arraigo territorial y la capacidad de presión de los barones no habían hecho sino crecer desde los primeros síntomas perceptibles en las postrimerías del reinado de Sancho el Mayor.

La subida al trono de un niño que queda, en palabras de J.Ma Lacarra, «a merced de las apetencias de los señores» abre un período de crisis abierta entre la corona y los barones.

Crisis cuya consecuencia más espectacular será el magnicidio del despeñadero de Peñalén en 1076.

Nótese sin embargo que sería un error atribuir todo esto a la coyuntura de una minoría: Pamplona había conocido otros períodos de minoría real, y sobre todo, los síntomas del resquebrajamiento de los viejos equilibrios se venían haciendo patentes desde los prósperos reinados de Sancho el Mayor y García de Nájera.

Ya en 1061 una donación real a San Salvador de Leire se hace eco de una «tribulación» sucedida a Sancho de Peñalén con sus barones n8.

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Poco después, entre mayo de 1063 y marzo de 1064, Sancho cede a su tío Ramiro I de Aragón el castillo de Sangüesa con las aldeas de Lerda y Undués, a cambio de amistad, fidelidad, ayuda y consejo.

Lo que nos importa aquí no es tanto el motivo de esta cesión, como el tenor de los juramentos recíprocos, fiel reflejo de una cierta concepción de los vínculos entre el rey y los barones que se va abriendo camino implacablemente n9.

De entrada, el compromiso tiene un carácter colectivo.

A diferencia de la convención de 1035 de que hemos hablado más arriba, lejos de la tradicional imagen de la corte como consejera y testigo de las decisiones reales, siete barones identificados uno por uno rodean a cada rey y se constituyen en garantes del acuerdo.

Si comparamos este compromiso real con otro protagonizado por García de Nájera en 1045, por el cual éste instituye a cinco barones como garantes de la cesión efectiva de una serie de bienes a Irache a cambio del castillo de San Esteban, veremos hasta qué punto las cosas van cambiando sustancialmente n10.

En 1045, el papel de los seniores era pasivo y el compromiso parecía más retórico que real.

De hecho, el rey ni siquiera se comprometía a hacer efectiva la cesión en vida y preveía su realización por sus descendientes.

En 1063/64 en cambio, los barones no sólo figuran en el encabezamiento del diploma, sino que en caso de ruptura del juramento real, juran romper la fidelidad para con el perjuro y pasar al servicio del otro.

Esta cláusula es de importancia capital, pues el texto prevé dos circunstancias por las que los barones pudieran romper el vínculo de fidelidad con el rey.

Una de ellas es considerada legítima: en caso de perjurio, cada rey se compromete a autorizar a sus barones a que pasen con bienes y honores al servicio del otro.

La otra circunstancia es condenada, pero esto no hace sino probar que se da o se puede dar: cada grupo de barones jura no sustraerse a la fidelidad debida «por ninguna riqueza ni por ningún honor terrenal».

Aprobada o condenada, la posibilidad de quebrar los vínculos de fidelidad toma carta de naturaleza.

Y se reconoce que la obtención de recompensas más lucrativas puede mover a ello.

Recordemos aquí que tras la debacle de Atapuerca tales cambios de fidelidad se han producido realmente.

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Parece pues imponerse una concepción contractual de las relaciones entre el rey y los barones, en la que juegan un papel decisivo los bienes tenidos del monarca.

Desde un punto de vista formal, los juramentos de 1063/64 muestran un avance notable de la feudalidad con respecto a la convención de 1035.

Así en el contenido del compromiso de Ramiro I resuenan los deberes característicos del vínculo vasallático: amistad, fidelidad, ayuda y consejo; o la práctica de asegurarlo con el juramento de un grupo de fieles de cada lado, acompañado del clásico per fidem et sine enganno.

Esto remite a usos bien conocidos en otros ambientes feudales.

Por otro lado, este compromiso colectivo vuelve a dar muestras de un fenómeno que hemos advertido en la periferia del reino tanto en 1035 como tras 1054, a saber la tendencia a la territorialización de los intereses de los barones.

Dado que la cesión concierne el territorio propiamente navarro, la mayor parte de los tenentes de fortalezas del occidente del reino están ausentes.

Los acontecimientos de 1076 mostrarán que esta «regionalización aristocrática» no es inocua.

Los avatares que siguieron a los juramentos de 1063-64 nos son desconocidos por falta de documentación.

No cabe duda sin embargo de que la zapa del poder real prosiguió eficazmente, prueba de lo cual es el 'acuerdo con sus barones al que tuvo que plegarse en 1072 Sancho de Peñalén, «para que haya buena relación entre ellos [el rey y los barones] y terminen todos los males»".

Esta convención es decisiva, para empezar por el mero hecho de existir: que el marco regulador de los vínculos entre el rey y la alta aristocracia pueda ser concebido como un acuerdo entre iguales es el signo de un tiempo muy alejado ya de la vieja monarquía isidoriana.

Sostenida por el juramento de ambas partes, la convención establece nuevas reglas de juego.

Comienza por restablecer un ámbito pacífico de relaciones, utilizando una terminología embebida del vocabulario y los formularios feudales: rey y barones se comportarán honorablemente, fielmente y sin engaño; el rey no actuará contra los derechos de los barones y los juzgará según la costumbre de la tierra; los barones no traicionarán al rey, le ayudarán a defender su tierra y acudirán a su hueste.

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Pero sigue fijando una normas que muestran quién sale victorioso del conflicto: el rey no podrá tocar los honores, es decir las concesiones beneficiarias de los barones, mientras éstos le sean fieles.

Con esto, Sancho de Peñalén capitula en una cuestión fundamental, pues renuncia a uno de los instrumentos decisivos de la supremacía real: la capacidad de retirar los honores según su sola voluntad soberana.

El honor es ahora concebido como la retribución inalienable de la fidelidad, acercándose evidentemente a la noción clásica de feudo.

A cambio, Sancho de Peñalén no obtiene sino una magra compensación.

Los barones podrán sustraerse a su fidelidad a voluntad, pero en tal caso le devolverán los castillos y los distritos con los bienes anexos y el avituallamiento de un mes.

Asimismo no dejarán al rey en tiempo de guerra.

No cabe duda de que el rey busca evitar un comportamiento especialmente temido, por el que la ruptura de fidelidad de un barón puede desembocar en una pérdida territorial, sea por su paso a la fidelidad de un soberano vecino, sea por desguarnecer una fortaleza en tiempo de hostilidades.

«Que Dios confunda al primero que haya mentido»: así termina el documento.

Marc Bloch observó que en el tiempo de La société féodale no es raro encontrar reyes mal obedecidos, combatidos, aprisionados o maltratados por sus gentes.

Sin embargo, los casos en que súbditos, deudos o parientes llegan a asesinar a sus monarcas son extremadamente raros: así recordaba él a Roberto I en Francia, muerto en 923, Berengario I en Italia, muerto el mismo año y Eduardo en Inglaterra, asesinado en 978 2.

Sancho de Peñalén ha de añadirse a esta corta lista.

El 4 de junio de 1076, el rey fue llevado con engaño al precipicio de Peñalén y despeñado.

En primera instancia, este era el resultado de un complot en el que habían participado tanto sus hermanos como los barones del reino.

Era también el corolario del tiempo de crisis, larvada primero y abierta después, que hemos ido describiendo.

Los acontecimientos que siguen muestran la amplitud de la conspiración.

Nadie defendió los derechos al trono de los hijos de Sancho.

Las reacciones de los reyes vecinos, casi con toda seguridad al corriente de lo que se preparaba, fueron inmediatas.

En pocas semanas Alfonso VI de Castilla se hace con el occidente del reino, la Rioja y las tierras navarras al sur del Ega.

En el otro extremo, Sancho Ramírez de Aragón se adueña del territorio navarro, incluida Pamplona.

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Naturalmente, no hubo conquistas.

Tras eliminar a su rey, los barones escogieron otros.

La aristocracia de las regiones occidentales había ido tejiendo lazos con la corte castellana, del mismo modo que los grandes monasterios, como San Millán de la Cogolla, se habían dejado seducir por la generosidad de Alfonso VI.

En 1076 el rey de Castilla tenía «ilustres cómplices», según expresión de J.M a Lacarra n13, como Iñigo López, conde de Vizcaya y señor de Nájera.

Los mismos hermanos y la viuda de Sancho de Peñalén fueron honorablemente acogidos en el entorno real.

La postura de estos magnates no es sorprendente.

Si prácticamente hasta Atapuerca el reino de Fernando I había estado agitado por tensiones no muy diferentes de las que hemos apreciado en Pamplona, la eliminación de García de Nájera trajo consigo la supremacía incontestada del castellano en el tablero de juego de Al Andalus, y con ella un flujo de riquezas como nunca antes se hubiera soñado.

Supremacía que su hijo Alfonso VI también exhibió.

Las relaciones entre la monarquía y la aristocracia fueron así debidamente lubricadas, y las tensiones se desviaron hacia el exterior.

Muy significativamente, tres o cuatro arios después de Peñalén, varios barones del círculo de Pamplona aparecen apoyando al rey de Granada frente al de Sevilla al que auxilia el Cid.

Están allí con sus mesnadas, cum sua militia: la difusión de lazos feudo-vasalláticos se ha hecho en un contexto de integración en una monarquía que dispone de una excelente válvula de escape para la belicosidad y el ansia de fortuna y poder de su aristocracia guerrera.

En el lado propiamente navarro tampoco hubo resistencia alguna, y la continuidad en el ejercicio del poder en castillos y distritos de los barones de Sancho de Peñalén parece clara.

Sobre los términos del conflicto

Desde los primeros síntomas hasta la resolución de la crisis, las iniciativas de la alta aristocracia se han caracterizado por su naturaleza colectiva y solidaria.

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A diferencia de otras regiones europeas, el reino de Pamplona no ha conocido un tiempo de castellanías independientes.

Este rasgo distintivo resulta sin duda tanto del juego de fuerzas en presencia, como de decisiones y actitudes coyunturales.

La monarquía que hereda Sancho de Peñalén de García de Nájera conserva aún un vigor considerable.

La autoridad real penetra todo el cuerpo social: posee y administra por medio de un personal subalterno que depende directamente de la corona un muy elevado número de propiedades repartidas por todo el territorio; recauda impuestos sobre la producción agrícola y los intercambios; puede efectuar levas generales para la hueste; ejerce la justicia sobre las comunidades campesinas; mantiene el patronato sobre las grandes abadías y conserva un cierto carisma sagrado -García de Nájera es unctus a Domino n14.

Con respecto a los barones, el rey controla resortes claves de gobierno: es dueño indiscutido de las fortalezas, guardadas en su mayor parte por sus barones de modo rotatorio, y disfruta de la superioridad de su justicia, que no parece dudar en utilizar según muestra la convención de 1072.

Una buena parte de la fortuna material de los barones también está en manos del rey.

Hasta 1072 controla a su albedrío la adjudicación y retirada de concesiones beneficiarias.

Desde la toma de Calahorra, posee también la llave que asegura el flujo de oro y plata musulmanes.

No sólo porque es quien recibe las parias, sino también porque servicios y salarios de barones en tierra del Islam vienen acordados de antemano por los reyes de Pamplona y Zaragoza.

Por su parte, los barones son sin duda ninguna más poderosos que sus ancestros.

Seguidos por milites bien armados, beneficiarios, aunque sin duda no en la medida de sus deseos, por el oro y la plata andalusíes, la generosidad hacia las grandes abadías que se observa en estas décadas es un síntoma de su peso creciente en el reparto de poderes del reino.

Y esto no sólo porque traduce algo más que una ola de piedad repentina, sino también porque los vínculos privilegiados con estas instituciones eran una distinción eminentemente real hasta García de Nájera.

Uno a uno, sin embargo, están peor situados con respecto al rey que la mayoría de sus homólogos en Occidente.

Por un lado, el favor del rey, el hombre con diferencia más rico del reino, sigue siendo fuente de fortuna; por otro, a causa del sistema rotatorio de guardia de castillos, nadie llega a hacerse de facto con una fortaleza.

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Sin base territorial y castral sólida, se comprende tanto la ausencia de castellanías independientes como de su corolario, las guerras entre clientelas concurrentes. No es extraña así la tendencia a actuar de modo colectivo.

Además, el objetivo de los barones no podía ser prescindir del rey. Siendo éste la clave de arco de una organización política y administrativa sólida y extendida por todo el reino, se trataba de limitar su autoridad judicial y remplazar la antigua relación de servicio por una nueva de carácter contractual, feudal. El rey debía ser en el mejor de los casos un camarada, y en el peor un rehén. La convención de 1072 marca el triunfo de este programa. En el fondo, del mismo modo que la organización política tradicional condicionaba la modalidad de la revuelta aristocrática, es también el viejo orden quien contenía el germen de su propia destrucción. Pues si ningún barón disponía a su antojo de una fortaleza, tampoco el reino podía ser gobernado ni defendido sin ellos.

Probablemente la torpeza política de Sancho de Peñalén facilitó o precipitó las cosas. A diferencia de otros gobernantes hispanocristianos, Sancho no fue capaz de distribuir inteligentemente las riquezas provenientes de las parias para soldar en tomo suyo la fidelidad de los barones, o al menos de un grupo de éstos. Incluso sus familiares más directos participaron en la conjura. Asesinado tres años después de su acuerdo con Al-Muqtadir de Zaragoza, por el que se preveía el pago de doce mil mancusos anuales a Sancho, a cambio de ayuda contra los afanes expansionistas de los aragoneses, es difícil no ver que abusó en el reparto de la plata de las parias a la vez que cenaba el camino del botín y la conquista. Tampoco parece que fuera capaz de buscar otros apoyos: fue autor directo de matanzas de campesinos, introdujo malos usos en poblaciones reales y en la propia Nájera, extorsionó a monasterios como hache en un tiempo en que debía haber buscado su apoyo...

Hacia la institucionalización de la monarquía feudal (1076-1134)

Tras el tiempo de crisis de Sancho de Peñalén, la época de Sancho Ramírez (1076-1094) y Pedro I (1094-1104) representa un período de franco entendimiento entre rey y barones.

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El futuro se presentaba radiante: descartada la política de pactos que Sancho de Peñalén mantenía con Al-Muqtadir de Zaragoza, saltaba por los aires un obstáculo de primer orden para el expansionismo aragonés, que se veía además reforzado por la potencia militar navarra. Por si fuera poco, muerto Al-Muqtadir en 1081, su reino fue minado por luchas internas. Aunque no fueran presa fácil, las tierras del Ebro, ricas, pobladas y urbanizadas eran ahora un objetivo alcanzable para las armas navarro-aragonesas. Barbastro y Huesca ya habían caído en manos cristianas antes de la muerte de Pedro I, así como Arguedas y Milagro, a la vista de Tudela.

Sin embargo, no es ésta la única explicación de la armonía en el seno de los grupos dirigentes. Se comprende que los barones de Pamplona no han asesinado a su rey para ver cómo queda anulado su triunfo de 1072. Muy al contrario, la época de Sancho Ramírez y Pedro I es la de la estabilización y codificación de las reglas feudales, es decir, la del cumplimiento del proyecto que los barones han impuesto por la fuerza en Pamplona, y más calmadamente, al parecer, en Aragón. No es casualidad que, más tarde, el Liber Feudorum Maior de la Corona de Aragón evoque en diversas ocasiones los «usos» de los reyes Sancho y Pedro.

En cambio, las invocaciones de Liber Feudorum ignoran minuciosamente a Alfonso el Batallador (1104-1134). Es sabido que la monarquía navarro-aragonesa despliega en estas décadas una energía inusitada: intervención durante una buena parte del reinado en Castilla y León; despliegue político y puntualmente militar al norte del Pirineo; expediciones de largo alcance en Al-Andalus...

Y, en el valle del Ebro, las conquistas son espléndidas: en 1118 cae Zaragoza, y con ella Tudela, Tarazona, Calatayud, Daroca... Veinticinco mil kilómetros cuadrados son anexionados entre 1117 y 1122. J.Ma Lacarra observó que la rapidez de las reacciones nobiliarias tras la muerte de Alfonso indicaban a posteriori que las disensiones se habían originado en vida del rey. Una política real tendente a recuperar el terreno perdido frente a los barones, la concesión de numerosos honores y puestos de gobierno de primer orden a nobles de Ultrapuertos, unida al protagonismo de eclesiásticos del Mediodía francés en la Reforma...

Fueran los que fueran los motivos, el hecho es que el extraño testamento de Alfonso desencadenó una grave crisis en la que la aristocracia no actuó unida. El deseo de asegurar la consolidación de las reglas feudo-vasalláticas, en la mejor versión posible, se conjugó con la reaparición de grupos aristocráticos regionales. En el Alto Aragón, ofrecieron la corona a Ramiro, hermano del rey difunto.

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Los nobles de Zaragoza reconocieron las pretensiones al trono de Alfonso VII de Castilla, no sin antes hacerle confirmar los «usos del rey Pedro».

En Pamplona, una rápida acción dirigida por un puñado de barones —entre los cuales estaba el mismo Ladrón que diez años antes hacía la guerra al rey Alfonso desde Haro"— y el obispo tomaron el control de la zona de Pamplona, así como de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.

Fue proclamado rey García Ramírez, uno de los barones más poderosos de Alfonso el Batallador, cuyos títulos de legitimidad no eran otros que ser biznieto por línea bastarda de García de Nájera. Los barones se habían vuelto a dar un rey, como ya hicieran en 1076, y esta vez habían escogido a uno de lo suyos.

García Ramírez fue rey por la voluntad de los barones, de hecho y de derecho.

Si hasta Sancho de Peñalén los reyes de Pamplona eran ungidos según la tradición hispánica, con García Ramírez se inaugura un nuevo ritual cuyo significado es tan transparente como sus connotaciones feudales.

Ni unción (el Papado no reconoció la nueva realeza navarra hasta 1196), ni coronación. En su lugar, el rey debe, de entrada, prestar juramento, sin el cual no hay trono. Y sus términos no son en absoluto retóricos. Si bien no conocemos el tenor del juramento de García el Restaurador, a la luz de los de sus sucesores, caben pocas dudas sobre su semejanza con los usos confirmados por Alfonso VII en Zaragoza en ese mismo año.

Tras el juramento, los barones alzan al nuevo rey sobre el pavés, y luego le rinden homenaje. En el siglo XIII, como mostró J.Ma Lacarra, el juramento real navarro es una de las concesiones más considerables hechas por un soberano de Occidente a su aristocracia.

LOS INFANZONES DEL ORDENAMIENTO PÚBLICO AL FEUDAL

Llegados a este punto, es preciso ir más allá del círculo de barones para observar cómo el proceso de feudalización va transformando los engranajes mayores de esta sociedad. Ahí radica el interés de examinar la evolución del régimen de infanzonía. Para aproximarnos a él, convendrá retroceder algo en el tiempo.

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El régimen de infanzonía en el viejo orden

La cohesión territorial de las construcciones políticas altomedievales ha dependido de su capacidad para articular realidades socioeconómicas locales y regionales. En esta función ha jugado un papel decisivo un estrato de la sociedad rural caracterizado por la autonomía económica, basada generalmente en la propiedad de la tierra que ocupa, y el disfrute de una cierta preeminencia en el horizonte local, los cuales se conjugan con la prestación de determinados servicios públicos de rango superior al del conjunto de los libres, sean estos obligaciones militares más duraderas y eficaces o tareas judiciales auxiliares. A su vez, este servicio público puede ser reforzado por privilegios fiscales, judiciales o militares.

Son los libeni homines de la tradición carolingia, los exercitales o arimanni italianos, los filii bene natorum asturleoneses... Se trata de grupos diversos desde un punto de vista sociológico y socioeconómico, cuya evolución es un buen indicador de los rasgos mayores del proceso de formación de la sociedad feudal en cada territorio.

En el reino de Pamplona, hay que esperar a finales del reinado de Sancho el Mayor, a 1033, para encontrar el término infanzón, en una alusión genérica que deja traslucir la condición exenta de la tributación al rey de sus tierras. Esto, sin embargo, data la aparición de un término en la documentación, y no, ni mucho menos, la aparición de este grupo.

Dejando de lado una mención aragonesa de bene nati viri de mediados del siglo IX, poco probatoria en un escriba conocedor de los formularios notariales tardoantiguos, hemos de ir a 997 para encontrar un testimonio elocuente. En tal año, «todos los hijos de buenos padres del valle de Salazar» figuran como testigos en la cesión real a San Salvador de Leire de un monasterio dotado de una amplio espacio silvopastoril'6. La expresión filii bonorum patres (sic) entronca evidentemente con los filii bonorum hominum, bene natorum de otras regiones hispánicas.

Y tiene un valor añadido. La lengua vasca, viva en Salazar hasta hoy, ha conservado la expresión aitonen semeak para designar a los infanzones o hidalgos, expresión que significa exactamente «hijos de buenos padres».

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Cuando el término romance «infanzón» venido de Castilla —los primeros testimonios son allí de mediados del X— suplantó las denominaciones anteriores —hemos señalado su primera mención, de 1033—, la lengua hablada siguió fiel a la expresión altomedieval.

Y con ello tiene el valor de nexo entre viejas expresiones y nuevos vocablos. Destaquemos el territorio en que son encuadrados estos filii bonorum: un marco supralocal, un distrito -Salazar es un suburbium del reino—, es decir un ámbito de ejercicio del poder público superior a la aldea, circunstancia relativamente corriente en este tipo de grupos en otros territorios. Por último, subrayemos un aspecto socioeconómico: en un espacio de montaña en que la explotación de los recursos se organiza necesariamente a varios niveles, desde la aldea hasta la compleja combinación de pastos estacionales y recorridos del conjunto del valle, es este grupo quien parece tener una particular relevancia en este último nivel.

En otro extremo del reino, las antiquae leges del tiempo de Sancho el Mayor y García de Nájera, restauradas en 1076 por Alfonso VI, arrojan luz sobre los «caballeros de la ciudad». Comparables a los caballeros de Castrojeriz o a los kavaleros de Tafalla, los milites civitatis de Nájera, es decir aquellos habitantes con capacidad suficiente para dotarse del equipamiento necesario para combatir a caballo, tienen como obligación pública principal la participación en la hueste con el rey, y a cambio están exentos de tributación. De este modo, en una forma de promoción conocida también en Castilla, la condición de miles se aproxima a la de infanzón: servicio militar honorable como núcleo de los deberes para con el regnum, exención de tributos y de prestaciones con connotación servil, vínculo directo con el soberano. Hasta tal punto que la versión posterior del fuero de Nájera no duda en poner «infanzones» donde antes decía milites civitatis. Se trata, en cualquier caso, de una obligación de tipo público, exenta de cualquier connotación feudo-vasallática. Conviene recordar aquí que en la prestación de servicios militares en la Alta Edad Media se entrelazan la costumbre, la variedad regional, los diferentes tipos de llamada a las armas y la discriminación social en las convocatorias.

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Así, la llamada a rebato en situaciones de emergencia implica la movilización de todos los habitantes del territorio afectado, mientras que por ejemplo la anubda, es decir la vigilancia de fronteras, un servicio arriesgado que exige cierta capacitación y equipamiento bélicos, así como una organización compleja, corresponde consuetudinariamente a los infanzones en el alfoz de Clunia, del mismo modo que las explorationes et excubias, o wactas, deben ser aseguradas por los franci o libeni homines en la tradición carolingia. Los textos de Rioja muestran que la monarquía puede hacer levas entre el común del campesinado, pero la participación de éste no tiene carácter honorable y no dispensa de cargas de naturaleza servil. Para los rustici o villanos que los textos oponen a los milites, el deber militar se traduce en una panoplia de obligaciones y exacciones de las que el poder real dispone de manera flexible: incorporación a la hueste, sí, pero también confiscación de vehículos y bestias de carga, requisa de vituallas o prestaciones de trabajo.

A pesar de lo limitadísimo de la muestra disponible, la diversidad es digna de ser destacada. Frente a la elite montañesa y ganadera que se entrevé en Salazar, encontramos a una sociedad protourbana cuya diversificación interna le permite generar contingentes de jinetes bien equipados. Frente a una noción transmitida en el seno de un grupo de familias, como muestra la propia expresión «hijos de buenos padres», he aquí una política decidida de promoción de un estrato de una comunidad. En ambos casos, sin embargo, se da un vínculo más estrecho con la corona que el del común de los libres, y la infanzonía aparece como elemento de la tradición o como modelo de referencia.

Caballeros e infanzones

En los años treinta del siglo XI empiezan a proliferar cortejos de milites en torno a los barones. Disponer de una clientela vasallática es necesario para tener los castillos en nombre del rey, para presentarse en las asambleas judiciales, para imponer nuevos usos en los nacientes señoríos, para combatir como mercenarios en los reinos musulmanes... Nótese que estas dos últimas funciones son a la vez fuente de riqueza que permite sostener clientelas y fuente de necesidad de nutridos grupos de guerreros fieles. Y ambas son nuevas en la sociedad navarra del segundo cuarto del XI.

Una parte de estos servidores armados son de origen modesto. Lo deben todo, empezando por el propio equipamiento militar, a sus señores. En las décadas centrales del XI, cuando se pone en pie el régimen señorial navarro, una efervescencia sacude las capas acomodadas de la sociedad rural, en el deseo de esquivar las nuevas formas de dominación.

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La militia fue entonces una vía de escape, un modo de quedar del lado bueno de una cesura social que se iba afirmando por momentos. Esto en sí no es algo sorprendente en el Occidente europeo; ahora bien, sí se da una peculiaridad, a saber que a la hora de integrar la masa de caballeros de humilde extracción en el nuevo orden, ya existía un modelo a imitar, un estatuto al que aspirar, un camino que venía siendo mostrado por el poder real desde hacía un par de generaciones: la infanzonía.

Con una larga querella iniciada en los años sesenta o setenta por el abad de San Juan de la Peña podemos ilustrar varias claves de este proceso'. En aquel tiempo, un tal García Alinz, de la aldea de Cenarbe, perteneciente al señorío del monasterio, faciebat se infanzonem sin tener para ello ningún derecho, en opinión de los monjes. Este «hacerse infanzón» consistía, de entrada, en que García Alinz se negaba a dar el censo que debía como los demás vecinos, e incluso adquiría nuevas tierras por las que tampoco pagaba. Vemos aquí la infanzonía concebida como exención de tributos. Pero los argumentos de las partes muestran que la noción de infanzonía se había ido ensanchando. García Alinz no reivindicaba un determinado origen familiar o la plena propiedad de sus tierras. Su objeto era hacerse reconocer una relación de servicio diferente de la de los villanos para con la abadía. Él aspiraba a una dependencia vasallática en la que la contraprestación por el disfrute de su hereditas fuera militar y honorable. Tras dura y larga pugna, lo consiguió. El abad Aimerico reconoció a García que en virtud de las tierras que poseía fuera caballerus Sancti Joannis, él y su descendencia, y prestara por ende servicio de caballería. El pleito muestra la terca voluntad de un miembro acomodado de una comunidad rural —dispone de un caballo y equipo militar, va adquiriendo tierras...— por sustraerse a la condición villana a través de la caballería. Pero nótese que el cambio en la naturaleza de la relación tiene aquí lugar en un ámbito estrictamente señorial y ajeno al poder real. En la medida en que sabemos que este caso no fue una excepción, constatamos que la infanzonía va cobijando realidades nuevas, vasalláticas, y sin duda gentes nuevas, pues las filas de esta caballería de segunda mitad del XI fueron engrosadas tanto por infanzones de vieja cepa como por hijos y nietos de rustici.

Ahora bien, no estamos simplemente frente a la incorporación de nuevos miembros a una condición personal existente desde antiguo. Muy al contrario, estos cambios cristalizaron en un nuevo orden que situó al feudo en posición central.

Infanzones y feudo

Recordamos unas páginas atrás que los reinados de Sancho Ramírez (1076-1094) y Pedro ¡(1094-1104) son los de la codificación de los usos feudales. Con ocasión de la convulsa sucesión de Alfonso el Batallador, se preparó un texto de los «Fueros y usos que tuvieron infanzones y barones» atribuidos al tiempo del rey Pedro. Este documento comprende dos partes: un breve código feudal y un listado de los privilegios generales de barones e infanzones.

El código dibuja una jerarquía feudal simplificada, en cuya cúspide está el rey, y en cuya base material están las honores regales, es decir los feudos constituidos sobre el patrimonio regio. Se distinguen dos niveles, el de los señores que tienen honores del rey, y el de los vasallos de estos señores. Fijémonos en lo que atañe al régimen de servicios militares. Como hemos visto, la política de promoción de milites presente en Nájera no ponía en ningún caso en duda el carácter público de la participación en el ejército, la cual ni era voluntaria ni presentaba el menor rasgo contractual. Ahora sin embargo se consagra algo de lo que empezamos a tener indicios en el último cuarto del siglo XI: al rey sólo se le deben tres día de ayuda militar gratuita, y esto en caso de emergencia, batalla campal o asedio. El reverso de la moneda es naturalmente la incorporación por tres meses a la hueste a que están obligados los feudatarios. A diferencia de los tiempos de Sancho el Mayor, y aún de García de Nájera, ahora sin feudo no hay ejército. Y naturalmente, sin ejército no hay rey. Sólo los villanos, cuando el monarca los necesita, están obligados a seguir al rey en las campañas sin contrapartida y sin limitación.

En la parte de los privilegios generales, los Usos del rey Pedro recogen por primera vez las líneas mayores de lo que será el régimen clásico de la infanzonía: exención de lezda y herbaje; acceso directo a la justicia del rey o de sus alcaldes; derecho de librar un villano del servicio militar en cada aldea donde se disponga de hereditates; hueste sin retribución de sólo tres días.

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He aquí, en este último capítulo, cómo se articulan el papel central del feudo en la organización del ejército y la vieja infanzonía remodelada: la noción de relación privilegiada en torno a un servicio público, bien visible en el fuero de Nájera, ha quedado disuelta en una relación de tipo feudal. Los infanzones son ahora potenciales feudatarios que no prestarán los tres meses de hueste sino en calidad de vasallos retribuidos.

Tras la toma de Zaragoza, Alfonso el Batallador evoca en 1119 la costumbre de los «infanzones de Aragón que no tienen honor de serior»' 9. En 1170, Sancho el Sabio divide la población de Navarra en dos categorías, a efectos de prohibir la sepultura en cierto lugar: rustici e infanzones. Si los primeros contravienen su decreto, perderán la hereditas. Si lo hacen los segundos, «ninguno de sus hijos o hijas o sobrinos o nietos tendrá honor alguno de mi o prestimonio de ninguna de mis potestades, es decir, de ninguno de mis barones, y si lo tiene, lo perderá »". Sin que esto agote el contenido del término, se puede decir que es infanzón quien tiene un feudo o puede tenerlo. El feudo se ha convertido en uno de los elementos en torno a los que gravita la infanzonía. Naturalmente, ésta cobija ahora realidades diversas, desde las familias descendientes de los fui bonorum patrum de principios del XI a quienes han ascendido a través de la caballería, pasando por miembros de ramas marginales de los linajes aristocráticos, así como sin duda por diversas realidades y tradiciones locales que conocemos mal. Como no podía ser menos, tiene valores distintos en función del contexto en que se utilice. Frente a «villano» es intercambiable con caballero, o está al menos en el mismo plano, cuando no lo comprende. En cambio, en cuestiones relativas al origen familiar, se distinguen por largo tiempo caballeros de infanzones. Y cuando se trata de precisar la posición de cada uno en la jerarquía feudal, tienen lugar minuciosas combinaciones: infanzón vasallo de vasallo, infanzón vasallo del rey...

Sería de todos modos un error reducir la infanzonía a una mera variante local del proceso general de ascensión de la caballería. Y es que, si bien como hemos visto la infanzonía ya no se entiende sin el feudo, tampoco éste resume todo el contenido de aquella. En el Occidente feudal, la jurisdicción a la que debe someterse cada individuo es un criterio decisivo para establecer en qué lado del foso que divide la sociedad está.

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En el reino de Pamplona también hay dos justicias: la que pesa sobre quienes sostienen el señorío, los villanos, de carácter a menudo represor, y la que corresponde a quienes participan o pueden participar en el reparto de los beneficios señoriales, barones e infanzones, bien provista de garantías procesales. Ahora bien, en otras regiones, Languedoc o Lombardía por ejemplo, un individuo depende de la justicia de la curia parium en función de su pertenencia a la red feudo-vasallática. Sin embargo, en Navarra, no todos los protegidos por el manto de la infanzonía están encuadrados en esta red: además de los habitantes de núcleos dotados de infanzonía colectiva, están los no raros infanzones que no tienen honor de señor. Esto no es sin embargo una anomalía, ni mucho menos una especie de «imperfección». Muy al contrario, es una manifestación de la lógica interna de la sociedad feudal navarra.

Por un lado, cuestión secundaria quizás, pero no insignificante, los infanzones proporcionan una especie de reserva de vasallos de bajo nivel dispuestos a servir a un señor. El rey recluta regularmente modestos infanzones como vasallos, y es probable que busque sus agentes locales en este medio social. Téngase además en cuenta que las formas de retribución vasallática en Navarra, como en otros países hispánicos, son muy flexibles gracias al uso habitual de pagos en moneda. Los mismos acontecimientos habidos en Pamplona a la muerte de Alfonso el Batallador ponen de manifiesto que doscientos o trescientos caballeros pueden ser rápidamente reclutados para una necesidad coyuntural siempre que se disponga de numerario.

Por otro lado, ocurre que en Navarra, a diferencia de otras regiones como las citadas, el feudo no es la única manera de participar en la redistribución de los beneficios de la explotación señorial. En las tierras originarias del reino, las cuencas prepirenaicas con los valles adyacentes y Tierra Estella, la patrimonialización y atomización de los derechos de origen público dio lugar a un paisaje social donde proliferan multitud de pequeños señores, dueños en ocasiones de porciones casi irrisorias de señoríos. El hecho de que exista un estatuto jurídico independiente del vasallaje y asegurado por la justicia real, protege a este grupo contra los riesgos de inestabilidad de su base señorial y le dota de una cohesión evidente, además de dejarle abierta una vía de promoción a través de su eventual incorporación a clientelas vasalláticas. De este modo, sobre las dos caras que presenta el reino, una Vieja Navarra hormiguero de pequeños señoríos, y una Nueva Navarra con una jerarquía feudal bien anclada en el patrimonio real, la infanzonía sostiene y nos revela la coherencia de todo el sistema bajo la clave de arco que es la corona.

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Una monarquía también transformada como hemos visto, pero siempre presente en todo el reino y siempre sólida en cuanto a aparato administrativo y judicial. Lo cual no deja de ser una rasgo distintivo de primer orden en una perspectiva comparada.

Así, del mismo modo que la revolución industrial y el desmoronamiento del Antiguo Régimen han seguido ritmos, intensidades y formas muy distintas en Manchester, en Prusia o en Sicilia, así también el juego de fuerzas locales, la condiciones de partida y la propia coyuntura dan a cada región de occidente singularidades muy marcadas en el proceso de feudalización. Lo que no es óbice para que, finalmente, todas hayan sido profundamente transformadas.

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